El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, fueron condenados a 60 años de prisión, junto con otras 26 personas, por los homicidios calificados de seis víctimas, entre ellas Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Los crímenes ocurrieron durante los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, una jornada violenta y represiva que también dejó 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
La sentencia incluye el delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas, relacionado con el ataque de policías municipales contra el equipo de fútbol Los Avispones, ocurrido esa misma noche.
Julio César Mondragón participaba en las movilizaciones de los estudiantes normalistas cuando elementos de la Policía Municipal comenzaron a disparar. Él intentó escapar, pero al día siguiente fue localizado sin vida y con el rostro desollado.
Juez establece responsabilidad de exautoridades municipales
La resolución fue emitida por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.
El fallo establece que José Luis Abarca actuó como inductor de los homicidios, mientras que Felipe Flores fue considerado autor mediato, lo que representa un reconocimiento judicial de la responsabilidad de autoridades municipales en estos crímenes.
Sin embargo, la sentencia de primera instancia fue impugnada por la defensa del exalcalde de Iguala, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, modifica o revoca la resolución.
José Luis Abarca enfrenta otros procesos penales
Abarca Velázquez fue detenido en 2014 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Después de permanecer más de diez años en ese penal de máxima seguridad, fue trasladado el 30 de abril de 2025 al Cefereso número 18, en Coahuila, según informó posteriormente un juzgado federal.
El exfuncionario también enfrenta una condena de 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, activista social asesinado en marzo de 2013.
Además, está sujeto a procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Familia de Julio César Mondragón exige investigar actos de tortura
Tras conocerse la sentencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón, consideró que la resolución constituye un avance en la búsqueda de justicia, aunque deja sin resolver uno de los principales reclamos de sus familiares.
“Es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura”.
En su pronunciamiento, la organización recordó que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la que México forma parte, obliga a las autoridades a investigar de oficio cuando existan razones fundadas para considerar que se cometió este delito.
La familia y la organización exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los hechos como tortura, utilizando los dictámenes forenses existentes, y lleve ante la justicia a quienes hayan participado, ordenado o permitido estos actos.
También solicitaron que la FGR haga valer en segunda instancia los aspectos que la sentencia dejó pendientes respecto al asesinato del estudiante, así como garantizar una reparación integral del daño que reconozca la tortura denunciada.
Con ello, los familiares buscan que la resolución judicial no se limite a los homicidios, sino que esclarezca las circunstancias de violencia que sufrió Julio César Mondragón antes de su muerte.



