AL AIRE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración cuenta con la asesoría y el acompañamiento técnico de diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para robustecer los mecanismos de localización de personas desaparecidas, una problemática que reconoció como vigente y que demanda una intervención permanente por parte del Estado.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo Federal desestimó los señalamientos que acusan a su gobierno de desatender la crisis de desapariciones en el país. En su lugar, argumentó que se han promovido reformas al marco legal y nuevas estrategias de rastreo que han obtenido el reconocimiento de la comunidad internacional. Al respecto, detalló que sostiene comunicación directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancia que, junto con otras áreas del organismo internacional, ha colaborado activamente en la revisión, actualización y fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas en esta materia.
Sheinbaum Pardo enfatizó que la actual administración mantiene una postura de apertura hacia la cooperación externa y descartó cualquier tipo de renuencia a recibir asesoría internacional en este rubro. Asimismo, destacó que las agencias de la ONU han validado los progresos alcanzados en el último año a raíz de la progresiva incorporación de nuevos ordenamientos jurídicos.
Como parte de la estrategia de rendición de cuentas, la mandataria federal informó que instruyó formalmente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que presente informes públicos y periódicos sobre las labores de búsqueda. Estas actualizaciones se realizarán de manera regular cada 15 días o tres semanas.
Las autoridades federales precisaron que el flujo de la información se gestionará bajo un criterio de prelación, garantizando que los datos y las estadísticas de localización sean compartidos en primera instancia con los colectivos de familiares antes de su difusión en los medios de comunicación. El propósito de esta medida es transparentar los resultados institucionales y visibilizar de forma sistemática los casos de éxito en los que se logre la localización de los ciudadanos.
La presidenta defendió el derecho legítimo de estas agrupaciones para recurrir a plataformas de prensa tanto nacionales como internacionales con el fin de visibilizar sus exigencias. Sostuvo que, frente a este derecho ciudadano, el Gobierno Federal asume la obligación correlativa de documentar e informar todas las acciones operativas implementadas para combatir este ilícito y brindar atención a las víctimas directas e indirectas.
Finalmente, la titular del Ejecutivo Federal admitió que el fenómeno de la desaparición forzada representa uno de los retos estructurales más complejos en materia de seguridad para el país. Concluyó señalando que la persistencia de este delito se encuentra vinculada de manera primordial a las dinámicas operativas de los grupos de la delincuencia organizada, reiterando el compromiso institucional de no evadir la problemática y mantener las acciones de contención del Estado.
