AL AIRE
Con información de El Universal
El gobierno de México dijo que analizará los razonamientos, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de la sierra de Zongolica de Veracruz.
Indicó que durante la audiencia del caso, el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) mencionaron que la posición del Estado mexicano es «siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición».
«Se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional», indicaron las dependencias.
¿Qué fue lo que pasó con Ernestina?
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, fue agredida física y sexualmente en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Su familia la localizó a solo 300 metros de la base militar “García”, perteneciente al 63° Batallón de Infantería. Antes de perder el conocimiento, doña Ernestina identificó a sus agresores como hombres con «clavos en el pecho» —en alusión a las insignias militares—, denunciando haber sido maniatada y sometida por elementos del Ejército.
Al concluir la necropsia, el equipo forense reportó indicios de agresión sexual. “Desde el momento en que terminamos el estudio de necrocirugía en la señora Ernestina Ascencio, reportamos que había muchas evidencias, pruebas de que ella había sido violentada sexualmente”, señaló Pablo Mendizábal, médico forense que intervino en el caso.
Tras casi dos décadas de impunidad, el caso de Ernestina Ascencio ha culminado en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2025, la cual declara al Estado mexicano responsable por la violación de sus derechos a la vida, salud y garantías judiciales.
El proceso, que inició en 2007 con negligencia médica y aislamiento lingüístico para la víctima de origen náhuatl, estuvo marcado por una «verdad oficial» fabricada durante el gobierno de Felipe Calderón que intentó encubrir un feminicidio perpetrado por militares bajo la tesis de una muerte por causas naturales.
El fallo internacional desmantela esta narrativa de encubrimiento y obliga a la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a cumplir con una reparación integral que incluye la investigación penal de los responsables y reformas estructurales, como el acceso a intérpretes indígenas en el sistema de salud, para garantizar que estos abusos de poder no se repitan.
