AL AIRE
La expropiación de los ferrocarriles, firmada por el Ejecutivo el 23 de junio de 1937 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial, fue la primera nacionalización realizada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Aunque gobiernos anteriores ya habían asumido cierto control sobre las empresas ferroviarias, y el Estado poseía desde 1908 el 51% de las acciones, la presencia de capital extranjero provocaba que México perdiera recursos, al verse presionado para otorgar subsidios, exenciones fiscales y apoyo en el control de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales.
Tras la Revolución, la industria ferroviaria estaba en muy mal estado, así que, dada la importancia estratégica de contar con buenas vías de comunicación, se decidió nacionalizar la empresa Ferrocarriles Nacionales de México S.A.
El decreto de nacionalización, publicado el 24 de junio de 1937, señalaba como principal motivo la utilidad pública. El hecho de que la compañía funcionara como una empresa capitalista, con fines lucrativos, se contraponía al objetivo cardenista de convertirla en un servicio público sin fines de lucro, que ofreciera un servicio eficiente y ampliara la red ferroviaria, metas no alcanzadas en años previos.
En sus notas, Cárdenas explicó:
“Libres las líneas de intervención de intereses extranjeros, el Gobierno podrá mejorarlas ya administrándolas como empresa descentralizada, ya poniéndolas en manos de los trabajadores ferrocarrileros mediante la aceptación de condiciones que garanticen la eficiencia del servicio, el desarrollo de nuevas líneas y el pago de la deuda de los propios ferrocarriles”.
El 1 de mayo de 1938, el presidente Cárdenas entregó a los trabajadores ferrocarrileros la administración de la red ferroviaria nacional, sin otorgarles derechos de propiedad.
