AL AIRE
Con información de La Jornada
En apenas un año de su llegada, el presidente Donald Trump cerró la frontera a la migración, anuló el derecho al asilo e implementó dentro del país una campaña cruel y posiblemente ilegal de arrestos violentos, separación de familias, secuestros y desapariciones temporales contra cualquiera que parece ser latino o extranjero, habla español y desafía su visión de una nación blanca y cristiana.
Incluso ha deportado menos inmigrantes que su antecesor, Joe Biden, en sus últimos dos años, mientras el uso creciente de tácticas violentas y hasta represión que acompañan su política antimigrante, generando el objetivo deseado de aterrorizar a comunidades extranjeras, está provocando una oposición sin precedente expresada tanto en las marchas de protesta como en las encuestas.
En su primer año en la Casa Blanca, Trump ha deportado a 270 mil personas en la frontera, y otras 230 mil detenidas dentro del país. Además, unos 40 mil accedieron a un “bono” del gobierno al aceptar la “autodeportación”, según datos oficiales calculados por el New York Times. De ese total de 540 mil, aproximadamente 43 por ciento fueron enviados a México, 49 por ciento a varios países de Centroamérica y América del Sur, con 7 por ciento a países en África, Asia y Europa.
Aunque el gobierno de Trump reporta que su magno esfuerzo está dedicado a detener y deportar a “criminales”, la mayoría –entre dos tercios y tres cuartas partes– no tienen historial penal, reporta el Migration Policy Institute en Washington.
En promedio, hay unos 66 mil inmigrantes en centros de detención en el país, aumento dramático de los 40 mil en promedio antes de la llegada de Trump. “Estos cambios en las prácticas de arresto han provocado un incremento de 2 mil 450 por ciento en el número de personas sin ficha criminal que se encuentran en detención de ICE (la agencia de control migratorio) en cualquier día”, reporta el American Immigration Institute este mes.
El gobierno de Trump está ampliando de manera dramática el uso de centros de detención privados, muchos de los cuales son negocios administrados por donantes del presidente. Tienen el objetivo de incrementar la capacidad carcelaria en sus instalaciones a 108 mil camas para finales de este mes.
La crueldad más extrema es la ansiedad y temor generados entre niños. Algunos han visto a sus padres detenidos y esposados; muchos salen todos los días a la escuela sin saber si sus padres estarán cuando regresen a casa; escriben cartas a sus amigos, como uno que dice: “lloro todas las noches pensando en si ICE nos agarrará”; advierte que si no regresa a la escuela estaría en El Salvador y pide que no se olviden de él; otros menores han sido afectados por gas lacrimógeno arrojado contra sus padres, y así, todos los días.
Pero esta campaña antimigrante sigue generando cada vez más oposición alrededor del país. A Trump le mostraron encuestas internas que registran un desplome en el apoyo público para sus medidas antimigrantes, sobre todo entre votantes que serán claves para los republicanos en las próximas elecciones a finales de este año. Además de 80 por ciento de demócratas que favorecen eliminar a ICE, ahora hay más votantes no alineados que apoyan eliminar esa agencia que los que apoyan mantenerla.
Trump ha logrado hacer cambios fundamentales al sistema de inmigración, sobre todo atacando la noción prevalente de que la migración es un aspecto positivo de lo que se llamaba “un país de inmigrantes”, algo que ha nutrido con una narrativa racista explícita al demonizar a inmigrantes no blancos y no cristianos de países del Sur global. Vale recordar que los únicos que han sido bienvenidos por la Casa Blanca son inmigrantes ultrarricos –se puede comprar la llamada “tarjeta dorada” por un millón de dólares– por un permiso de residencia, o “refugiados” blancos sudafricanos que dicen ser víctimas de persecución por la mayoría negra de su país.
Qué tan permanentes serán estos cambios y qué tanto más extrema será la política antimigratoria está por verse. Los tribunales de primera instancia consistentemente han emitido fallos contra varios aspectos de estas políticas, incluyendo el uso de militares en operaciones antimigrantes. Sin embargo, a niveles superiores, con jueces nombrados por Trump desde su primer periodo, incluyendo la Suprema Corte, están ayudando en la gran misión para anular la invitación de la Estatua de la Libertad y así frenar la transformación de este país.
