AL AIRE
El Senado de la República perfila la aprobación de un «Plan B» de reforma electoral, tras confirmarse que se frenó la propuesta de adelantar la revocación de mandato para el año 2027.
La decisión de retirar las modificaciones al Artículo 35 constitucional surge luego de que el Partido del Trabajo (PT), manifestara su rechazo a que la consulta coincidiera con las elecciones intermedias. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en su conferencia matutina que realizar ajustes a la iniciativa original no significa «ceder» ante la oposición, sino respetar la dinámica legislativa.
El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el artículo referente a los tiempos de la revocación se mantendrá en sus términos actuales, descartando realizarla en el tercer año de gobierno. Mier rechazó que esto represente un fracaso para su partido o para la administración federal.
“Actuamos cuidando la coalición gobernante. Uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos unieron, que es la austeridad republicana”, señaló el legislador.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum sugirió que el temor de algunos partidos, incluido el PT, radica en una posible caída de su votación si el ejercicio se realizaba en 2027. “Temen reducir su votación, esa es la verdad”, exclamó la mandataria, aunque reiteró que el punto central de su reforma no es el calendario electoral, sino la reducción de privilegios y el ahorro presupuestal.
A pesar de quedar frenada la fecha adelantada de la consulta, el Plan B mantiene cambios estructurales de gran calado bajo el principio de austeridad republicana.
Entre las medidas aprobadas destaca la obligatoriedad para que los funcionarios electorales ajusten sus sueldos y no perciban ingresos superiores a los de la Presidencia de la República. Asimismo, la reforma impone límites a la estructura de los ayuntamientos, estableciendo que los municipios no podrán contar con más de 15 regidores, además de obligar a los congresos estatales y al propio Senado a realizar recortes presupuestales significativos, estimando en este último un ajuste del 15 por ciento en sus gastos operativos.
Con este ajuste, Morena asegura los votos necesarios para transitar la reforma en el Senado, enviando el mensaje de que la coalición sigue sólida a pesar de las discrepancias internas sobre los tiempos electorales y priorizando la reducción del gasto público sobre la agenda de la consulta.
