AL AIRE
La Representación Comercial de Estados Unidos inició una serie de investigaciones formalizadas el pasado 12 de marzo de 2026, en las cuales señala a un grupo de 60 naciones —incluidos socios comerciales clave como México, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido— por una presunta falta de aplicación efectiva en sus normativas para bloquear la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso en terceros países.
Como argumento central de este procedimiento, la USTR sostuvo que, desde la entrada en vigor de las disposiciones mexicanas contra el trabajo forzoso en mayo de 2023, no existe evidencia de acciones de aplicación o sanciones derivadas de esa medida. Bajo este escenario, la administración de Washington puso sobre la mesa una propuesta de incremento arancelario provisional del 10 por ciento a las importaciones que ingresen a su territorio desde México y otras 13 naciones, gravamen que se elevaría al 12.5 por ciento para las 46 economías restantes implicadas en el caso.
Tras sostener una ronda de consultas con las autoridades de la USTR, la Secretaría de Economía de México confirmó que el flujo comercial nacional que cumple estrictamente con las reglas de origen estipuladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá totalmente exento de la medida arancelaria propuesta. Este blindaje protege a un estimado del 85 por ciento del volumen total de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.
De igual forma, la dependencia federal precisó que tampoco se verán afectados aquellos bienes que actualmente ya se encuentran regulados por las disposiciones de las órdenes ejecutivas 232 en los ramos automotriz, del acero y del aluminio. En consecuencia, la restricción fiscal promovida por Washington se concentraría de manera exclusiva en el 15 por ciento restante de las exportaciones de origen mexicano, correspondientes a las mercancías que no logran acreditar los criterios de procedencia norteamericana contemplados en el acuerdo trilateral.
La Secretaría de Economía enfatizó que el anuncio de la USTR representa un esquema de propuesta y no constituye una resolución de carácter definitivo. El protocolo preliminar estadounidense considera un periodo de 45 días naturales para el desahogo de consultas, la recepción de comentarios técnicos y la realización de debates bilaterales entre las partes involucradas.
A lo largo de este lapso, el gobierno mexicano entablará mesas formales de negociación con los representantes de la USTR. Estos encuentros institucionales estarán encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y tendrán como finalidad la presentación de datos duros, reportes informativos y pruebas documentales que demuestren el compromiso real y las operaciones ejecutadas por el Estado mexicano para combatir y erradicar el uso de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
