Una jueza federal de Estados Unidos frenó la entrada en vigor del más reciente decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump, el cual pretendía restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo el argumento de combatir el denominado «turismo de maternidad».
La resolución dictada por la magistrada Deborah Boardman, del distrito de Maryland, determinó la paralización cautelar de la medida al concluir que resulta inconstitucional. En su fallo de 35 páginas, la jueza subrayó que el Ejecutivo federal está obligado a acatar el criterio sentado el pasado 29 de junio de 2026 por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que ratificó la vigencia y protección de este derecho conforme al marco constitucional.
El fallo judicial prohíbe de forma generalizada a la administración estadounidense aplicar cualquier restricción de ciudadanía a menores nacidos en suelo norteamericano con padres en situación migratoria irregular a partir del 19 de febrero de 2025, fecha en que el gobierno intentó instrumentar el primer veto sobre la materia.
La decisión responde a las demandas promovidas por organizaciones civiles como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project. Las agrupaciones argumentaron que las órdenes ejecutivas firmadas por la Casa Blanca —las cuales buscaban excluir además a hijos de funcionarios extranjeros o residentes en territorios no incorporados— vulneran la garantía de ciudadanía automática establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.



