AL AIRE
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular, aunque redujo a la mitad los de delitos por los que será procesada. El tribunal ordenó que la causa continúe exclusivamente por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, eximiéndola de las acusaciones de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
A la par de esta resolución, los magistrados determinaron levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por lo que se les devolverán sus pasaportes y quedará sin efecto la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, bajo la única condición de mantenerse localizables durante el proceso.
El auto judicial emitido por los cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid da un respaldo parcial a la instrucción previa del juez Juan Carlos Peinado. El tribunal centró la viabilidad del delito de tráfico de influencias en el rol que desempeñó la investigada en la Universidad Complutense de Madrid, vinculando de forma directa su entorno familiar con la obtención de beneficios académicos.
“La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”, expresaron los magistrados de la audiencia provisional.
Asimismo, los jueces consideraron «verosímil» que Gómez utilizara su posición para conseguir de forma casi inmediata la dirección de la cátedra pública sin que se realizara un control mínimo sobre la consistencia de su propuesta técnica.
En cuanto a la acusación de malversación de caudales públicos, el tribunal desestimó el delito de apropiación indebida argumentando que este no puede aplicarse sobre bienes intangibles como el software desarrollado para la cátedra de la universidad. No obstante, determinó que el caso encuadra en el tipo de malversación debido a que presuntamente se permitió sufragar con recursos del erario el desarrollo de una herramienta digital de medición que estaba destinada a ser de propiedad y uso estrictamente privado.
Tras la difusión del fallo de la Audiencia de Madrid, fuentes de la presidencia del Gobierno español reiteraron su postura de que existe una «causa política» abierta contra Begoña Gómez a partir de denuncias y reportes periodísticos sin sustento, insistiendo en la inocencia de la esposa del mandatario. Por su parte, la Fiscalía y las defensas legales, que habían demandado el archivo definitivo de esta causa, obtuvieron un avance parcial con el retiro de dos cargos de la acusación original y la eliminación de las restricciones de movilidad.
