AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como «relevante» la aprehensión de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, ejecutada el miércoles 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), e indicó que su declaración contribuirá al esclarecimiento del homicidio del político Héctor Melesio Cuén Ojeda y del secuestro del capo Ismael «El Mayo» Zambada, ocurridos en julio de 2024.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que las investigaciones sobre el caso continúan activas y corresponden a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, detallar el alcance procesal del arresto.
La captura de Corrales Rodríguez fue cumplimentada en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL. Tras su detención, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Toluca, Estado de México.
La orden de aprehensión fue librada por un juez de control federal por los probables delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. De acuerdo con la FGR, Corrales Rodríguez —quien se desempeñaba como funcionario en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)— es considerado el único testigo presencial clave de los hechos sucedidos el 25 de julio de 2024 en el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán. La institución señaló que el detenido incurrió en contradicciones y aportó testimonios falsos para desviar la investigación oficial.
Las investigaciones de la FGR determinaron que la versión inicial que situaba el ataque a Cuén Ojeda en una gasolinera de La Presita formó parte de un montaje. Peritajes posteriores hallaron evidencia hemática del político en la finca Huertos del Pedregal, confirmando que el homicidio ocurrió en el mismo sitio y momento en que Ismael Zambada fue emboscado y trasladado en una aeronave hacia Estados Unidos.
El expediente del caso fue reservado por la FGR hasta el año 2031 bajo el argumento de que su divulgación implica riesgos para la seguridad nacional y la soberanía del país. En tanto no se dicte una sentencia condenatoria por parte del órgano judicial competente, Corrales Rodríguez mantendrá el estatus constitucional de presunción de inocencia.
