AL AIRE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se encuentra lista la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El documento, cuya elaboración requirió año y medio de trabajo y 148 reuniones con 35 dependencias federales, será sometido a un proceso de consulta nacional con todas las comunidades originarias y afromexicanas del país para dar cumplimiento al mandato constitucional.
El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina de la jefa del Ejecutivo federal, donde estuvieron presentes miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que este proyecto surge como consecuencia de la reforma al artículo 2 de la Constitución publicada el 30 de septiembre de 2024, y destacó que, tras 200 años de existencia del Estado mexicano, finalmente se contará con una legislación integral en la materia.
De acuerdo con lo informado por la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, la propuesta de iniciativa será analizada por 16 mil 728 comunidades registradas de manera oficial, buscando beneficiar de forma directa a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano. Esto equivale a una población estimada de 25.8 millones de personas (el 20.5 por ciento del total nacional).
La convocatoria, emitida de manera conjunta por el INPI, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica, contempla un calendario estructurado en cinco etapas consecutivas, Firma y lanzamiento, campaña informativa; que se desarrollará del 1 de julio al 6 de agosto, deliberación comunitaria; del 7 de agosto al 13 de septiembre, estudio y adecuación; comprendido del 21 de septiembre al 11 de octubre y presentación formal que Concluirá el próximo 12 de octubre con la entrega formal de la iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La propuesta se articula a través de ocho ejes fundamentales que buscan transformar la relación entre el Estado y los pueblos originarios mediante el reconocimiento formal de las comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la regulación de su libre determinación y autonomía en tierras, planes de justicia y propiedad intelectual colectiva.
La ley implementa disposiciones específicas para la inclusión y protección de las comunidades afromexicanas frente a la discriminación; acciones afirmativas para fortalecer la participación política de mujeres, niños y jóvenes; y medidas de resguardo para sectores vulnerables como migrantes, adultos mayores, jornaleros agrícolas y trabajadoras del hogar.
