AL AIRE
Las principales fuerzas políticas del país y las cámaras del Congreso de la Unión emitieron diversos posicionamientos institucionales y partidistas tras el llamado a la unidad nacional realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este exhorto busca construir un frente común para respaldar las denuncias penales presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en hechos vinculados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los partidos oficialistas y parte de la oposición ofrecieron su apoyo inmediato a la comunidad migrante y condenaron el actuar de los agentes estadounidenses. No obstante, el bloque opositor mostró posturas divididas respecto a la convocatoria de la jefa del Ejecutivo federal. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) aceptó respaldar a los connacionales pero reprochó que el gobierno federal «cerró el diálogo» con la oposición durante dos años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó abiertamente el llamado a la unidad, calificándolo como «una manzana envenenada» y aseverando que la supuesta defensa de los migrantes es «una farsa».
Desde las primeras horas, la directiva nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, expresó su absoluto respaldo a la estrategia jurídica, diplomática e institucional implementada por el Gobierno de México. La dirigencia del partido guinda defendió las acciones consulares y el acompañamiento a los deudos, señalando que estas medidas reflejan el compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior, quienes contribuyen diariamente al desarrollo de ambas naciones. En el mismo sentido, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, calificó de evidentes y desproporcionados los excesos del ICE y acompañó la exigencia de una indagatoria exhaustiva.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, urgió a dejar de lado las diferencias partidistas con el fin de formular una postura conjunta desde el Congreso. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, adelantó en conferencia de prensa que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos de los paisanos, asegurando que se utilizarán todas las herramientas al alcance para hacer valer sus derechos. A su vez, la bancada del Partido del Trabajo (PT) convocó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar investigaciones independientes y dar puntual seguimiento a los casos para velar por el derecho a la vida y el debido proceso.
De forma paralela, el Senado de la República emitió un pronunciamiento institucional firmado de manera conjunta por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —encabezadas por Laura Itzel Castillo Juárez e Ignacio Mier Velazco, respectivamente— en el que manifestaron su «más enérgica preocupación y condena» por los decesos. El documento, suscrito también por los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, exige que cada uno de los 17 casos sea investigado de manera exhaustiva, imparcial y transparente para evitar la impunidad.
Los senadores respaldaron plenamente las acciones legales y diplomáticas del Estado mexicano, las cuales incluyen demandas por la vía civil en contra de los centros de detención donde ocurrieron los decesos para indagar posibles negligencias o irregularidades. La Cámara Alta enfatizó que, si bien se reconoce la soberanía de cada país para dictar sus políticas migratorias, ninguna estrategia de seguridad puede colocarse por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, el Senado prometió utilizar las herramientas del derecho internacional y solicitar informes periódicos a las autoridades competentes en el marco de sus facultades de análisis de la política exterior para vigilar el avance de las investigaciones.
