AL AIRE
Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mató a tiros a Joan Sebastian Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años. El violento incidente, cometido frente a la hija de tres años de la víctima, ocurrió en la localidad costera de Biddeford, Maine, y tiene lugar apenas una semana después del asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado en Texas, lo que intensifica las críticas contra la campaña antimigrante de la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con las organizaciones civiles Maine Immigrant’s Rights Coalition y Presente! Maine, Guerrero contaba con residencia regular, número de Seguro Social y autorización legal para trabajar en Estados Unidos. El senador Angus King confirmó que, según los informes del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el joven colombiano ni siquiera era el objetivo de la orden judicial que los oficiales pretendían ejecutar poco después de las 7:00 horas del domingo.
A través de un portavoz, el ICE justificó la agresión alegando que el conductor era «un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión» y que el agente disparó por «temor por la seguridad pública» luego de que el automóvil presuntamente intentara huir de la escena. Sin embargo, diversas grabaciones difundidas en redes sociales desmintieron la versión de la corporación.
Las imágenes muestran que los oficiales del ICE jamás estuvieron en riesgo de ser atropellados; por el contrario, se observa cómo corren directamente hacia el coche de la víctima para abrir fuego. Testigos relataron al diario Portland Press Herald que una camioneta blanca sin distintivos oficiales embistió el lateral de un sedán blanco detenido en una intersección, cuyo parabrisas terminó con múltiples impactos de bala. En el lugar, una menor en pijama y una mujer visiblemente consternada gritaban ante la mirada de los transeúntes.
El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, exigió respuestas claras para la comunidad y los deudos, mientras que la gobernadora de Maine, Janet Mills, calificó la situación como alarmante y aterradora, confirmando que la policía estatal colabora con la fiscalía general y el médico forense para esclarecer los hechos. Por separado, el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, condenó enérgicamente el acto y se pronunció de manera tajante a favor de la abolición del ICE.
Como consecuencia directa de este homicidio y del caso de Lorenzo Salgado en Texas, el ICE ordenó a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) suspender en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso. La directriz representa un cambio drástico en las tácticas de la agencia federal, obligando a los oficiales a coordinarse con corporaciones asociadas en caso de tener que ejecutar órdenes de arresto penal contra individuos a bordo de automóviles. El oficial implicado en el tiroteo de Maine ya fue suspendido de sus funciones bajo el protocolo habitual de investigación.
De manera paralela, la fiscal del condado de Hennepin en Minnesota, Mary Moriarty, anunció la obtención de pruebas clave —incluyendo grabaciones de cámaras corporales y evidencia digital entregada por la administración de Donald Trump— relacionadas con los tiroteos donde agentes del ICE asesinaron a los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti durante las manifestaciones civiles en contra de las redadas migratorias a principios de este año.
