AL AIRE
A pesar de recibir millonarias asignaciones presupuestales específicas por parte del Congreso de los Estados Unidos, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continúan operando sin cámaras corporales (bodycams). Esta carencia técnica ha desatado una ola de indignación y un severo escrutinio público tras registrarse una serie de recientes tiroteos mortales donde civiles y connacionales han perdido la vida a manos de las fuerzas federales en el marco de la campaña antimigrante de la administración del presidente Donald Trump.
A principios de este año, tras los decesos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis durante manifestaciones contra las redadas migratorias, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió que el departamento adquiriría y desplegaría de forma «rápida» cámaras corporales para todos sus oficiales en el país. Sin embargo, casi medio año después y con un nuevo repunte de arrestos, el ofrecimiento sigue sin cumplirse en su totalidad, bloqueando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La gravedad de la falta de equipo quedó en evidencia tras el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo en el East End de Houston, Texas. Salgado, un ciudadano mexicano que había residido en territorio estadounidense por más de 35 años, falleció luego de recibir impactos de bala por parte de elementos del ICE que ejecutaban un operativo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó de manera oficial que ninguno de los agentes involucrados portaba cámaras corporales en el momento del incidente.
Hasta el momento, no ha surgido evidencia material que sustente la versión del DHS, la cual alega que un oficial abrió fuego en defensa propia luego de que Salgado presuntamente embistiera una patrulla e intentara «utilizar su vehículo como arma». Testigos presenciales han desmentido categóricamente las afirmaciones de la agencia federal, señalando que el uso de cámaras corporales habría sido una pieza clave para esclarecer lo acontecido.
Esta opacidad se suma a los reclamos por la muerte de Joan Sebastian Guerrero, un joven colombiano de 26 años con residencia regular, quien fue abatido a tiros esta misma semana por agentes del ICE en Biddeford, Maine, frente a su hija de tres años, en un hecho donde grabaciones de testigos contradijeron abiertamente el reporte de las autoridades migratorias.
La congresista demócrata por Houston, Sylvia García, calificó de «indignante» y «ludicrosa» la situación, recordando que el Congreso otorgó específicamente una partida de 20 millones de dólares en abril pasado mediante la Secure America Act, etiquetada de forma exclusiva para la adquisición, despliegue y operación de cámaras de video corporales.
García detalló que sostuvo una llamada con el director interino del ICE, David Venturella, quien le admitió que menos de una tercera parte de los oficiales a nivel nacional han sido provistos con este equipo. El funcionario se comprometió a completar el despegue total a finales de julio. Por su parte, activistas de organizaciones como Communities United Against Police Brutality han exigido que el ICE suspenda todas sus operaciones de control y detención vehicular hasta que la totalidad de sus agentes porte los dispositivos obligatorios.
En respuesta a las críticas, portavoces del DHS emitieron un comunicado donde culparon a los legisladores demócratas por el lento avance del programa, argumentando que los cierres de gobierno (shutdowns) previos interrumpieron el proceso de compra y distribución de los dispositivos. La dependencia afirmó que las cámaras ya fueron asignadas a más de la mitad de las oficinas de campo en el país y prometió que el resto las recibirá en los próximos 60 días, defendiendo que los recursos históricos asignados actualmente servirán para reactivar la seguridad y equipamiento en las fronteras de la Unión Americana.
