AL AIRE
Cada año, por mandato de la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del 2003, el presidente de Estados Unidos entrega al Congreso su “determinación” sobre los países que considera sirven como principales rutas de tránsito o son productores de drogas ilegales. Es una obligación legal. Este año, se mandó al Congreso el 15 de septiembre y el Departamento de Estado la difundió al día siguiente.
Son 23 países, México está entre ellos. El propio documento aclara que estar en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos del gobierno señalado ni su nivel de coordinación con Washington. Dice que se toman en cuenta “la geografía, el comercio y la economía” como factores para esta designación.
El señalamiento más fuerte se concentra en cuatro países: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Sin embargo, la ayuda económica estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia se mantiene por considerarla “vital para el interés nacional de Estados Unidos”. La llamada descertificación ya no tiene la fuerza de antes, donde se usaba para hacer temblar a países como Colombia: era un instrumento diseñado para condicionar recursos que hoy perdona a casi todos los que dice querer castigar.
Afganistán, el único sin dispensa, fue castigado doblemente. El cultivo de amapola fue prohibido ahí en 2001, antes de la invasión estadounidense y las cosas marchaban bien en ese aspecto: la producción se desplomó. Después de la invasión, sobrevino el caos, regresó el cultivo del opio y hoy en día ya es un hecho la migración del campesino afgano hacia la producción de metanfetamina. Veinticinco años de prohibiciones, invasiones y cambios de modelo los ha pagado siempre el pueblo afgano con el doble costo de la destrucción de su país y el recrudecimiento del tráfico de drogas como forma de subsistir ante los ataques de múltiples potencias extranjeras.
A México el documento lo trata con inusual reconocimiento: elogia sus incautaciones, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y despliegue de fuerzas en la frontera común. También contiene exigencias: más inspecciones en los puertos de entrada y mayor participación del sector privado y mayores inversiones en sus fuerzas de seguridad.
Lo que también es inusual es el nivel del reclamo que se le hace a Canadá fustigándolo por sus laboratorios de fentanilo y presuntas “pandillas chinas”.
Dos preguntas: si México está construyendo trazabilidad en cadenas donde han aparecido involucrados extranjeros (el huachicol fiscal, por ejemplo), ¿por qué el documento no da cuenta de ese esfuerzo? Además, si Washington pide que México invierta más en sus fuerzas de seguridad, esa inversión tiene que poder ejercerse con soberanía. Las compras de aeronaves que proyecta la Secretaría de la Defensa Nacional serán una prueba de ello: ojalá no vengan presiones que intenten que México no decida de forma soberana. La decisión es mexicana, aunque elegir los aviones Grippen afecte las ganancias del complejo militar industrial estadounidense.
Este documento que se emite cada año es una reliquia de una época en la que esta lista servía para castigar países. Este año, se comprobó que el mismo documento se desmiente y solo sirve para denunciar procesos políticos soberanos con los que un país no está de acuerdo.
México, en términos generales, queda bien parado en este memorándum de política exterior que el presidente Trump envió a su propio Congreso.
