AL AIRE
El pasado martes 2 de septiembre, la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública reunió a los y las gobernadoras de la gran mayoría de las Entidades Federativas, con la Presidenta de la República y altos mandos del sistema de seguridad de nuestro país.
En la reunión, los gobernadores, incluidos aquellos de oposición, reconocieron los avances en materia de seguridad pública y reiteraron su compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender una de las agendas prioritarias de las y los mexicanos: vivir en paz.
De acuerdo con lo declarado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el 96% de los delitos corresponde al fuero común; por ello, el trabajo conjunto es indispensable para abatir la inseguridad en nuestro país.
En ese sentido, los acuerdos para alinear la estrategia de seguridad nacional mediante armonizaciones legislativas, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y la colaboración para pacificar todas las regiones del país debería ser una noticia tan positiva que no predisponga a la crítica. ¿Quién podría oponerse?.
A fin de cuentas, la legitimidad que aporta el consenso entre todas las fuerzas políticas en una agenda compleja como la de seguridad pública no solo fortalece a la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino al Estado en su conjunto, al exhibir un nivel político de altura y poner al bienestar de la ciudadanía como prioridad.
Frente a las críticas que cuestionan las expresiones de los gobernadores de oposición, la lectura es reduccionista: no es el respaldo a la Presidenta lo que debilita a la oposición, sino el debate infructífero y, a veces, violento; la ausencia de liderazgos; la falta de credibilidad de las dirigencias nacionales; y la carencia de agendas concretas para atender las demandas sociales. La confrontación generalizada no es, ni será, la ruta para ganar la confianza de la ciudadanía; por ello, reconocer los consensos políticos en estos tiempos no solo resulta justo sino necesario.
